Absueltas las once personas relacionadas con CNT imputadas por tratar de rehabilitar el Geriátrico San Jorge de Zaragoza
Este jueves se conoció la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Zaragoza en el proceso que el Estado había abierto contra once militantes del Sindicato CNT tras ser “irregularmente desalojados” del antiguo Geriátrico San Jorge (calle Padre Manjón) el pasado 25 de febrero de 2013. En dicha sentencia el Juzgado procede a absolver a la totalidad de las personas imputadas, al entender que no les es achacable a ninguna de ellas el delito de usurpación del que la Administración les acusaba.
Desde el sindicato, que trató de asumir la gestión del citado edificio por pertenecer éste al Patrimonio Sindical Acumulado (PSA), y tras constatar que la Administración lo tenía en estado de abandono, valoran esta sentencia como “un espaldarazo judicial a nuestras reivindicaciones de que se cumpla la ley 4/86 de cesión de bienes del PSA y se corte con la prevaricación en torno a este derecho de todas las organizaciones sindicales”.
Asimismo, afirman que “esta sentencia pone de manifiesto lo profundamente falso de las actuaciones del abogado del Estado durante el juicio, quien en todo momento basó su estrategia en acusar a la CNT y a los imputados de no dar la cara, cuando tal y como recoge la sentencia el sindicato fue siempre transparente con la Administración, comunicando a Delegación del Gobierno por escrito y días antes de los hechos (a través del entonces Secretario General de la central en Zaragoza) sus intenciones de rehabilitar y gestionar el inmueble”. La defensa en el juicio de las personas acusadas corrió a cargo del Letrado Ramón Campos.
Acciones judiciales de la CNT contra el Estado
Por último, el sindicato recuerda una vez más que este inmueble está reclamado mediante demanda contencioso administrativa contra el Estado en la Audiencia Nacional. Igualmente señalan que “en este momento estamos asistiendo a una privatización encubierta con el PSA, puesto que patronal, CCOO-UGT y Estado se han puesto de acuerdo para liquidar todos los inmuebles que no les interesan y así refinanciarse, cuando estos inmuebles por ley son públicos y pertenecen a todos los trabajadores a través de las distintas organizaciones sindicales existentes, no sólo a dos de ellas (CCOO-UGT), que son las únicas que en la práctica disfrutan de este derecho hasta la fecha”.
Por esta razón, la CNT ha instado la suspensión cautelar de la subasta por la que el Ministerio de Empleo pretende vender el antiguo hospital.
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