Prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos societarios por mala gestión, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos son los posibles delitos que observan desde varios colectivos sociales para denunciar al Gobierno de Aragón por la gestión del desaparecido Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Gestión (CASAR).

Concretamente, Las entidades denunciantes son: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), CGT-Sanidad Aragón, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón (PCPSA), Asociación Vecinal Barrio de San José, Asociación Vecinal Venecia Montes de Torrero, Asociación Vecinal Barrio de La Jota, Asociación Vecinal Barrio de La Paz, Asociación Vecinal Barrio de las Fuentes, Asociación Vecinal Actur Rey Fernando, Asociación Vecinal Puente de Santiago Actur, Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA), Plataforma Salud Mental Aragón. Podemos Aragón e Izquierda Unida Aragón, presentaron ayer la denuncia en los juzgados de la capital aragonesa con el fin de esclarecer este asunto y, también, porque algunos de estos delitos prescribirán a final de año.

Los representantes de estas entidades estimaron que la deuda de este consorcio público-privado que gestionó el hospital de Jaca, los centros médicos de Fraga, Tarazona, Ejea y la Mutua de Accidentes de Zaragoza entre los años 2006 y 2014 asciende a unos 24 millones de euros. Además, subrayaron la «opacidad» en la gestión y el «oscurantismo» alrededor del caso.

En ese sentido, David Ubico, de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, argumentó que la Cámara de Cuentas no tuvo acceso a toda la información relativa al CASAR para realizar su informe de manera rigurosa. También, que el Gobierno de Aragón no ha querido iniciar una investigación sobre la gestión del consorcio y ha negado en reiteradas ocasiones una auditoría ciudadana al respecto.

Al respecto, Alberto Andrés, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, tachó de «increíble y lamentable» que, «en democracia» no hayan tenido otra opción que denunciar el caso ante el juzgado «para conocer lo que fue el ente del CASAR». También recordó que sobre la gestión del consorcio ya advirtieron de sobrecostes superiores al 25% a lo prestado por la red pública en plena época de recortes.