Publicado en Rojo y Negro de CGT
Las últimas legislaciones en materia penal (Ley de Seguridad ciudadana, reforma del código penal, privatización de las cárceles…) emanadas desde el Parlamento consolidan definitivamente al Estado español en su giro hacia un Estado autoritario, penal y policiaco de corte evidentemente fascista.
La criminalización de la pobreza y de las protestas obreras y ciudadanas, complementa las reformas laborales y las políticas de empleo, como mecanismos para imponer la precariedad absoluta, la subocupación y la miseria masiva. Pero sobre todo sirven para reafirmar la discrecionalidad y poder total del empresario en los centros de trabajo y dar inicio a las prácticas de trabajo forzado y refeudalización de las relaciones laborales como ya sucediera con el triunfo del franquismo.
El tratamiento dado a las marchas del 22M por el Gobierno, partidos políticos e instituciones sindicales afines, más el montaje policial y mediático, demuestran claramente este tipo de actuaciones, todavía ilegales pero reales y ensayadas ya desde hace tiempo. La detención de Isma y Miguel, dos jóvenes sin antecedentes y sin vinculación a ningún altercado con los que intentan relacionarlos, o la condena a tres años de prisión a Carlos y María por su participación en unos piquetes en Granada, confirman la deriva autoritaria e indiscriminada, al tiempo que intentan servir de escarmiento y justificación para criminalizar al movimiento obrero más precario, jóvenes, parados, emigrantes y sin techo…
Neoliberalismo=fascismo=capitalismo…
Libertad detenidos Isma y Miguel y todos los presos políticos que actualmente están en las cárceles.
Violencia y represión institucional
La espiral de violencia y represión por parte de los organismos del Estado, se ha ido incrementando en los tres últimos años. Si bien es cierto que la Institución del Estado nace con el fin principal de proteger los intereses y privilegios de los poderosos (tal y como demuestra la historia de la Humanidad) es en estos últimos años cuando la ciudadanía responde. Como consecuencia del brutal ataque a los derechos sociales y laborales por parte de las élites dominantes (que tratan de acabar con los avances conseguidos, con mucho sufrimiento, por la clase trabajadora a lo largo del último siglo), la ciudadanía responde generalizando la protesta, autoorganizando, de manera horizontal y descentralizada, la resistencia, organizándose al margen de las estructuras tradicionales de los partidos y sindicatos que sostienen el sistema y provocando que el poder se defienda con el endurecimiento de su aparato represor.
El Estado se despoja de su careta seudodemocrática y se salta sus propias leyes o promulga toda una nueva serie de normas y reglamentos para defenderse de la protesta y de la rebelión de las personas oprimidas que les reclaman, cada vez con más fuerza, que se vayan.
Voy a enumerar los numerosos casos de abusos, detenciones arbitrarias y encarcelaciones sin fundamento que se están produciendo en el Estado español y a los que desde la solidaridad y el apoyo mutuo que caracterizan al movimiento libertario, tenemos que dar respuesta.
Como consecuencia de una performance el día de la HG, en la puerta de la Bolsa de Barcelona, en la que se quemaron copias de billetes, fue detenida y encarcelada nuestra compañera Laura Gómez, del sindicato de Transportes de Barcelona, actualmente en libertad y pendiente de juicio. En la misma causa que Laura, se encuentra nuestra compañera Eva Sánchez del sindicato de A. Públicas de Barcelona, a ambas, la fiscalía les pide penas de cárcel, el proceso sigue en curso.
Cuatro Caminos, Cuenca, dos personas son detenidas en una manifestación en solidaridad con las detenidas/os del 29M. La fiscalía pide en total penas de 7 años y medio por atentado a la autoridad y daños al autobús (que arremetió y atropelló a los manifestantes) y multa de 15.000 euros.
Carmen y Carlos, activistas del 15M de Granada, fueron condenados por un juzgado de primera instancia a tres años y un día de prisión por participar en el piquete informativo del 15M en la Huelga General del 29 de marzo del 2012, acusados de un delito de “atentado contra el derecho al trabajo”.
La sentencia se recurrió a la Audiencia provincial de Granada que ha desestimado el recurso interpuesto por Carlos y Carmen. Es decir, Carlos y Carmen entran en prisión por defender los derechos de las personas trabajadoras, con una sentencia que les condenó precisamente por un delito «contra el derecho de los trabajadores» ¡Qué paradoja tan macabra! El sistema castiga y reprime a quien lucha por los derechos de todas y todos.
En septiembre de 2012, Víctor Tormo participó en un piquete en la Universidad Jaume I (UJI) de Castellón, contra los recortes en educación, aprovechando la presencia de Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana. La protesta estudiantil se saldó con la retención y detención de más de veinte personas. En respuesta a dicha actuación policial desmesurada se convocó, por el Consell de l’Estudiantat de la UJI, una manifestación antirrepresiva al día siguiente. La manifestación transcurrió sin incidentes y de forma pacífica.
Una vez finalizada la manifestación, y mientras la mayoría de los y las manifestantes que habían participado en la misma se encontraban en las terrazas de la plaza de la Muralla Liberal de Castellón, un grupo de policías nacionales de paisano, y sin identificarse en ningún momento como policías, realizaron identificaciones de forma masiva e indiscriminada.
Víctor, considerando que se trataba de una actuación policial antirreglamentaria, con el único fin de denunciar una actuación que entendía era arbitraria y de abuso de poder, nuestro compañero subió una foto al facebook en la que informaba que individuos con pinta de policía secreta estaban intimidando a jóvenes en las terrazas como medio de acallar las protestas ciudadanas.
Transcurrida una semana, fue detenido y acusado de un presunto delito de revelación de secretos.
La Fiscalía, el pasado 20 de enero, solicitó el archivo de la causa al considerar que no existe delito y que ser policía no es un secreto, sin embargo la acusación particular de ocho policías nacionales, personados en la causa como “perjudicados” recurrieron el archivo y solicitan 3 años de prisión y más de 16.000 euros de indemnización.
Los compañeros Pedro Duque y Juan Antonio Soler, junto con cuatro extrabajadoras de la empresa Expert Polymere de L’Arboç, deben afrontar un proceso judicial fruto de una carga policial a todas luces desmesurada, durante el conflicto en el año 2004 por el cierre de la mencionada fábrica. La Guardia Civil entró en el recinto de la fábrica y cargó de forma injustificada contra la asamblea/concentración que se estaba llevando a cabo, hiriendo a varias trabajadoras entre ellas 5 de los/as 6 imputados/as y deteniendo al compañero Pedro Duque, en lo que denominamos CASO EXPERT.
La instrucción de este caso comenzó en el año 2004 y 10 años después no ha prescrito, por sufrir el proceso varias paralizaciones, los compañeros y compañeras imputadas se enfrentan a peticiones de penas de 3 años y 3 meses de cárcel para cinco de ellos/as y de 4 años y 6 meses de cárcel para el compañero Pedro Duque.
Las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo han supuesto para dos personas el inicio de un calvario. Miguel, de 20 años, e Ismael, de 18, dos jóvenes de Carabanchel y Valdemoro respectivamente, se encuentran a día de hoy en prisión preventiva acusados de agredir a la policía durante los sucesos que tuvieron lugar tras la multitudinaria manifestación.
Miguel, trabajador de 20 años que vive en Carabanchel junto a su familia, fue detenido el mismo día 22 de marzo, acusado por un policía de paisano de autoinculparse en la calle de haber agredido a la policía. Fue acusado primero de intento de homicidio, aunque la acusación se rebajó después a lesiones. Miguel se encuentra en la prisión de Alcalá-Meco, en la que lleva encerrado más de dos meses y donde el pasado 25 de abril cumplió 21 años.
En la posterior Operación Puma 70, del día 4 de abril, fue detenido Ismael, vecino de Valdemoro de 18 años y trabajador de un centro de la tercera edad. También le acusan de agredir a la policía. Ésta asegura haberle identificado mediante los vídeos del momento y la “colaboración ciudadana”.
En el juicio se produjeron varias incongruencias, ya que, de los diez policías que supuestamente observaron a Isma cometiendo los actos de los que se le acusa, nueve no consiguieron identificarle en la rueda de reconocimiento”. El equipo jurídico de las Marchas 22M y otros colectivos como Madres contra la Represión denuncian estas detenciones como parte de una estrategia del Gobierno para estigmatizar este tipo de protestas.
Por otra parte, estamos asistiendo a los ejemplos de dignidad de un pueblo que no se resigna a ser mero espectador del la arbitrariedad y el abuso de poder, ejemplos como el de Gamonal y más recientemente la reacción admirable de los vecinos y vecinas del barrio barcelonés de Sants, que han salido a la calle a defender el Centro Social de Can Vies, que es su Centro Social, ante el desalojo y el derribo, son un ejemplo de cómo la lucha y la organización de la clase trabajadora puede hacer frente a los ataques de este sistema miserable.
Esta es una miscelánea de los innumerables casos de detenciones arbitrarias con las que el poder pretende asustarnos y desmovilizarnos, para poder proseguir con sus políticas de expolio, sus chanchullos y sus negocietes, para lo que necesitan una población sumisa y temerosa que acate y calle. Nosotras y nosotros, hombres y mujeres de la CGT y del movimiento libertario que entendemos la solidaridad y el apoyo mutuo como algo consustancial a nuestros ideales, seguiremos luchando, apoyando y defendiendo a las y los compañeros/as represaliados y represaliadas por luchar codo con codo con todas las personas y colectivos que defienden, sin miedo, la dignidad de este pueblo.
Irene de la Cuerda. Rojo y Negro junio 2014.
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