Foto: Olga Berrios (CC BY 2.0)

Relatos:

1.A finales del año 2015, caminaba por el Rastro de Zaragoza, en la mañana de un Domingo.  Fui detenido, a eso de las 10 h., por la Policía Local y trasladado a la Comisaría del ACTUR, donde permaneció hasta las 20 h.  Me quitaron las cosas que llevaba recogidas en una sábana y también, 65 euros porque procedían, según la Policía, de la venta ilegal, cosa que no es cierta.  El próximo 3 de Mayo de este año será juzgado por un delito contra la propiedad industrial.

2.El pasado 15 de Febrero declaré ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zaragoza, en calidad de investigado por un delitro contra la propiedad industrial que supuestamente ocurrió el pasado 14 de Diciembre de 2016.  Según dicen estaba vendiendo en el Paseo de la Independencia.  En realidad, fui detenido en la Avenida de César Augusto cuando  me dirigía a mi casa.  Hasta tres coches de la Policía Local se dedicaron para incautar mi mochila y tomar los datos que permitieran el inicio de este proceso judicial.

Apoyamos a estas personas y denunciamos públicamente su situación porque el llamado delito contra la propiedad industrial es una forma legalizada de reprimir la pobreza, de criminalizar a aquellas personas que sólo buscan un medio de supervivencia.  Contribuimos con la difusión de la realidad de estas personas a la denuncia colectiva de estos abusos.

La inclusión de este delito en el artículo 274 del Código Penal pone en riesgo la vida de las personas migrantes que pueden ser condenadas a penas de cárcel o multas que nunca podrán pagar.  Esas penas, además, pueden convertir en imposible la renovación de sus permisos de residencias y acabar con cualquier proyecto de vida que puedan haber emprendido aquí.

Por otro lado es una muestra más de racismo institucionalizado: las fuerzas de seguridad del Estado dedican personal y recursos a perseguir a estas personas, actuando con impunidad, aprovechándose de las dificultades de idioma y la precariedad en la que se desenvuelven sus vidas.

Los gobiernos consienten esa criminalización permanente y permiten, como en tantas otras realidades, que muchas personas sigan viviendo en la precariedad y la exclusión.

Afirmamos la dignidad de estas personas y su derecho a resistir frente a la violencia institucional que suponen juicios como estos que contamos aquí que son una expresión legal de la vigencia del racismo, de la desigualdad y de la exclusión.

Exigimos la absolución de estas personas y que cesen las identificaciones y persecuciones a las personas que viven de la venta ambulante.  Sobrevivir no es delito es un lema que hay que hacer realidad ya, como primer paso para alcanzar la igualdad y la dignidad de todas las personas.

En relación con esto, hay en marcha una Campaña Estatal para pedir la despenalización del top-manta que podéis firmar aquí:

Manifiesto por la despenalización