Umbela continúa negando el aumento salarial a sus empleados discapacitados mediante el bloqueo del convenio

La empresa Umbela continúa bloqueando un convenio colectivo que tiene como máximas aspiraciones la equiparación de sueldos de sus trabajadores con contratos similares en el sector de la jardinería. Algo a lo que no parece estar dispuesta la gerencia de la cooperativa.

El nuevo convenio está solicitando unos acuerdos que desde los sindicatos se consideran mínimos, pero que la gerencia de la empresa rechaza, por su parte económica. Unas mejoras que pasan por el aumento del salario de los auxiliares mediante unas subidas progresivas que equivalen al IPC + 0,25% para el 2014 y 2015, y el IPC + 0,50% para el 2016 y 2017. Unos aumentos que, según los sindicatos, supondrían unos cincuenta euros por nómina y trabajador. Actualmente, los auxiliares están cobrando el salario mínimo interprofesional, más algunos complementos.

Este es el motivo, meramente económico, que parece haber bloqueado, sorprendentemente, la negociación del convenio. Y digo sorprendentemente. Las últimas cuentas presentadas por la Cooperativa reflejan unos beneficios de 257.543,05 € en 2013 según el registro mercantil, mientras que las mejoras salariales que solicitan los sindicatos rondarían un aumento en el gasto anual en nóminas de unos 20.000 €.

Sorprende que una cooperativa, además de Centro Especial de Empleo, con este tipo de beneficios, niegue la negociación de un convenio que exige tan poco económicamente. Aún más puede sorprender cuando la sociedad está constituida como “sin ánimo de lucro”.

Umbela es un Centro Especial de Empleo, que, en forma de cooperativa de socios da trabajo a más de 50 personas, de las cuales 42 son discapacitadas. Un Centro Especial de Empleo, es una empresa que, mediante la realización de un trabajo productivo y la participación regular en las operaciones del mercado, tienen por finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social a sus trabajadores discapacitados, a la vez que han de constituir un medio de integración del mayor número de estos trabajadores al régimen de trabajo normal.

Además, las características propias de los centros especiales de empleo hacen que Umbela disfrute de unas ayudas públicas que pasan por la subvención del coste salarial de los trabajadores discapacitados hasta un 50% del salario mínimo interprofesional, o una bonificación que asciende al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta. Unas condiciones que contrastan con los beneficios anuales de la empresa, y la no inversión de los mismos por la gerencia de la empresa.

La estructura de Umbela, es particular. Se trata de una sociedad cooperativa integrada por 14 socios, todos ellos discapacitados. Además, como órgano regulador, existe un consejo rector, compuesto por cuatro de los socios. En la teoría este consejo rige la cooperativa. En la práctica, la gerencia de Umbela domina las decisiones por encima de consejo rector y socios, según fuentes consultadas.

Un primer vistazo a la forma jurídica de esta empresa nos plantea dudas. Se trata de una sociedad cooperativa que tiene un total de 54 personas empleadas, de las que tan solo 14 son socias. La legislación sobre cooperativas asegura que “el número de horas/año realizadas por trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena no podrá ser superior al 30 por 100 del total de horas/año realizadas por los socios trabajadores”. Existen diversos motivos por los que esto puede no cumplirse, uno de ellos es que los trabajadores se nieguen explícitamente a ser socios trabajadores. Es lo que ocurre en Umbela.

En este caso parece lógica la negativa a ser socio. La entrada en la sociedad para cualquier trabajador que cumpla con los requisitos, ha de pasar por una aportación económica que excede los límites de la normalidad y que a todas luces resulta abusiva. Fuentes consultadas aseguran que la cuota económica para la entrada de un nuevo socio sobrepasa los 60.000€, y que los últimos socios en incorporarse a la cooperativa, lo hicieron en pesetas, adelantando más de dos millones de las mismas.

Muchas son las dudas que genera este conflicto que comienza a alargarse en el tiempo y que ha generado quejas desde distintos ámbitos, no solo el sindical. La Asociación Vecinal Puente de Santiago Actur, también mostró su descontento hace un par de semanas y aseguró que exigiría a la empresa que “cumpla con su obligación de dignificar y valorar el trabajo de sus empleados y empleadas”.

En la actualidad, el convenio continúa bloqueado, en una empresa con grandes ayudas públicas y cuyo único cliente es el Ayuntamiento de Zaragoza. Una empresa que amontona dinero año tras año en forma de beneficios, en una sociedad que por definición es “sin ánimo de lucro”. Una empresa, que tiene forma jurídica de cooperativa, pero que, mediante una aportación económica abusiva, imposibilita a sus empleados asociarse.

Un convenio que exige el aumento de la partida anual de nóminas en, aproximadamente 20.000 €. Un convenio que sólo exige el aumento de sueldo para unos trabajadores y trabajadoras que realizan su labor eficientemente, pese a su discapacidad.