Manifestación día 20 diciembre, 12 horas Plaza España, (lado Diputación)
20 de diciembre 2014. Manifiesto sindical.
Decidir aquí, para vivir mejor.
Hoy día 20 de diciembre de 2014, día en el que se conmemora el ajusticiamiento en 1591, de Juan de Lanuza (Justicia de Aragón), por las tropas castellanas, y con ello la perdida de la mayoría de los derechos aragoneses, recogidos en los Fueros de Aragón, es un buen momento para analizar la situación de la ciudadanía aragonesa, sometida a las leyes del capital, gestionadas por el Gobierno de Madrid y en menor medida por el de Aragón.
En la actualidad en Aragón hay unos datos “abrumadores” de paro (120.000 personas), de precariedad laboral (más del 92% de los contratos que se firman son temporales), de aumento del paro de larga duración (el 55,65% de los desempleados y desempleadas de la comunidad lleva más de un año sin trabajo) y una cobertura por desempleo «bajo mínimos» (85.000 personas aragonesas no perciben prestaciones). Los contratos a tiempo parcial en Aragón ya son 67.100, casi el 16% de los asalariados; que la precariedad laboral «ataca» más a las mujeres, casi el 26% frente al 6,4% de los hombres; que el número de hogares con todos sus activos en paro llega ya a 35.146 y que el salario medio en Aragón, en solo un año, ha bajado un 2,37%.
Depender del salario mínimo español (establecido en 645€) y no poder fijar uno propio acorde con nuestra realidad es sólo uno de los múltiples problemas que genera a la economía aragonesa, y en especial a sus trabajadores y trabajadoras, la dependencia del reino de España.
Pero es lógico que los gobiernos autonómicos no pinten nada en la regulación del SMI. De hecho, el gobierno aragonés no puede decidir ni siquiera el salario que pagan a sus propios trabajadores, ya que Madrid ha impuesto por decreto varias veces reducciones de sueldo y eliminación de pagas.
Tampoco pueden decidir con cuántas plazas de funcionariado cuentan, porque las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) deben ser aprobadas por el Gobierno español, que ha establecido que se debe reducir el número global de funcionarios y funcionarias mediante la no reposición de las vacantes.
Tienen vetado igualmente determinar hasta qué punto pueden recurrir a la deuda, ya que Madrid ha fijado unos límites de déficit draconianos, el 1% este año, a medida de las comunidades en quiebra, sin tener en cuenta que el menor endeudamiento de otras les permitiría un margen mayor. La consecuencia son recortes sociales.
El Estado puede congelar las pensiones o subir unilateralmente el IVA, impuesto regresivo y contractivo sobre la demanda, en lugar de buscar una fiscalidad centrada en gravar a los y las que más tienen y la persecución del fraude y la evasión fiscal.
El PP ha emprendido una feroz política económica sustentada en los dogmas ideológicos de la derecha más reaccionaria. El Estado español está impulsando, de forma errónea e injusta, un modelo de competitividad vía precios bajos basado en la devaluación interna (bajada de salarios) que quiere extender al conjunto del territorio.
La reforma laboral destinada a minar los salarios y destruir la negociación colectiva ha dado sus frutos. En el Estado el 34% de los asalariados ya no cobra ni el salario mínimo interprofesional y casi la mitad del resto no llega a mileurista.
No podemos caer en la idealización que algunos promueven, ya que el modelo aragonés actual, sin competencias que influyan en la realidad social y/o económica de los ciudadanos
aragoneses, tiene graves carencias, que además se están agudizando: existe explotación laboral, la tasa de paro es brutal, se hace un mal uso de la energía, está obsoleto en muchos ámbitos, no incorpora el factor medioambiental, está reduciendo sueldos… Pero aún así existe, un punto de partida para evolucionar hacia un modelo más sólido en términos económicos y sociales.
La eventualidad y la explotación laboral está empobreciendo a la población aragonesa, por ello Aragón necesita consolidar un modelo económico distinto. Para ello necesitamos contar con instrumentos que permitan fijar nuestra política económica en ámbitos como el fiscal, la regulación del mercado laboral, presupuestos, educación e investigación.
No podemos aceptar las normas pensadas para el modelo español porque son política y técnicamente equivocadas. La relación entre capacidad de decisión y calidad de vida es tan obvia que negarlo sólo puede obedecer a intereses espureos.
También hay que tener en cuenta el Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido como TTIP. Se trata de un acuerdo que está siendo negociado para establecer una zona de libre comercio ente EE.UU y la U.E. Pretende una rebaja del conjunto de las normativas laborales, ambientales y sociales y tal y como está planteado, supone un peligro a nivel democrático, social y ecológico para la ciudadanía europea, por ello rechazamos la negociación del tratado.
Ante esta imposición y en un momento en el que la realidad socioeconómica no admite demora en la búsqueda de soluciones, en el que el paro y la precariedad afectan a gran parte de las familias, en el que la pobreza y los desahucios siguen aumentando, esta nueva agresión no debe quedar sin respuesta. Se puede hacer frente a la vez a la crisis y a la cuestión del autogobierno. De hecho, lo que es imposible es separar la situación económica de la cuestión de quién dicta las políticas económicas, en qué dirección lo hace, y con qué respaldo democrático cuenta.
Paremos los recortes, fomentemos un modelo productivo sano y equitativo, desarrollemos una política fiscal adecuada y conquistemos los instrumentos imprescindibles para gestionar nuestra economía.
La mejor inversión que puede hacer Aragón es obtener instrumentos políticos para poder regular su propia economía. La cercanía en la gestión, el mejor conocimiento de lo propio y la capacidad de realizar políticas más ajustadas a las especificidades territoriales traería en primer lugar, una innegable mejora de carácter técnico a la economía aragonesa. Después, hay que saber usar estos instrumentos para llenarlos de contenido y avanzar en una dirección más comprometida con los derechos y necesidades de la mayoría.
Pero sólo puede haber debate y decisión democrática sobre la política económica si existe la capacidad de decidir aquí sobre ello. La búsqueda de la soberanía es también la búsqueda de la capacidad de realizar una política económica propia definida en función de nuestros intereses y a través de decisiones democráticas tomadas aquí. Decidir aquí, para vivir mejor.
Lo firman, las organizaciones sindicales : CATA, CUT, ISTA, OSTA, SASA, SOA.