El “Foro Público 100%” reclama en las calles de Zaragoza “prioridad para el gasto social antes que para los bancos”

Foto: CGT Aragón

Una manifestación convocada por el “Foro Público 100%” recorrió este jueves, desde las 18.00 horas de la tarde, las calles del centro de Zaragoza reclamando que tanto el Gobierno de Aragón como el del Estado español priorice la atención a las personas antes que los bancos.

La manifestación, que congregó a unas 1.500 personas, era la culminación de la campaña que el “Foro Público 100%” comenzó el pasado 11 de febrero contra las medidas aplicadas por el Gobierno de Aragón y por el español “con las que están llevando a cabo el desmantelamiento y privatización de los servicios públicos”. El Foro,  integrado por CGT, STEA-i, CATA, OSTA, SF-i, Intersindical de Aragón (IA), IU, CHA, MHUEL, FABZ, Marea Naranja, Marea Blanca y Marea verde, se constituyó en defensa de los Servicios Públicos y contra las privatizaciones y concertaciones, y también para rechazar las políticas del PP-PAR en Educación, en Sanidad, en  Universidad, y contra las medidas del PSOE en los transportes públicos y los servicios municipales de la capital del país, doblemente afectados, por las externalizaciones y gravemente atacados por la reforma local propuesta por el gobierno de Rajoy.

“En el caso de Aragón, desde la plataforma denunciamos que el PP, con el apoyo del PAR, amenaza con eliminar duplicidades, cuando lo que quieren es desmantelar y privatizar los servicios públicos y, en el ámbito municipal, quieren reducir drásticamente las  competencias de los ayuntamientos en materia de servicios sociales”, denunciaban las organizaciones convocantes.

La lucha de FCC Parques y Jardines presente en la manifestación

La plantilla de FCC Parques y Jardines, contrata municipal que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene externalizada, formaba un bloque propio dentro de la manifestación para unir su lucha a las del resto de participantes. Fue este miércoles cuando se conoció la decisión unilateral de la empresa FCC de bajar los salarios un 21% y aplicar diferentes recortes sociales y laborales a la plantilla, cuestión que motivó la convocatoria de huelga indefinida.

Stop Desahucios Zaragoza también se unió al cortejo reivindicativo

Un centenar de activistas de Stop Desahucios Zaragoza también se integró en la manifestación tras haber cumplido el objetivo en su acción protesta celebrada minutos antes. Tras ‘ocupar’ temporalmente una oficina de Caja Duero consiguieron arrancar los directivos de esta entidad un compromiso para mantener una reunión donde negociar condiciones menos gravosas de las actuales para personas afectadas por el abuso hipotecario.

Todas las luchas unidas contra las políticas antipersonas

Con los distintos grupos de activistas que se habían ido sumando durante el recorrido de la manifestación, esta alcanzó el final de su recorrido en la plaza del Pilar donde se dio lectura a un manifiesto.

“El foro Público 100 % hemos convocado una vez más a la ciudadanía, para manifestar nuestro total rechazo a la política de privatizaciones que se está llevando a cabo desde hace tiempo y que ahora se está acelerando, destruyendo y desmantelando todos los servicios públicos. Generaciones de aragoneses y aragonesas han trabajado duro para crear infraestructuras esenciales, para impulsar sectores estratégicos o para crear organismos que suministrasen servicios básicos. Con la excusa del mandato europeo y de la supuesta eficiencia del sector privado, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han ido vendiendo el patrimonio acumulado. Multitud de empresas han pasado a manos de multinacionales y amiguetes del político de turno”, denunciaban.

“Se privatizan grandes empresas que están en la mente de todos. Pero también servicios locales, que se externalizan mediante contratas, como la limpieza y jardinería, la recogida de basuras o el transporte urbano. Las consecuencias son: La pérdida de puestos de trabajo. Los trabajadores que quedan tienen  peores condiciones y la ciudadanía recibimos peores servicios y pagamos tarifas más altas. En Sanidad comenzaron  privatizando  cocinas, limpieza y lavandería. Siguen con pruebas diagnósticas, con los laboratorios  y cirugía menor. Ahora van a por la atención hospitalaria, a por los centros de especialidades y los de atención primaria, transfiriendo recursos públicos al control privado en contratos que nos comprometen por generaciones. Si lo permitimos, sólo podrán acceder a la sanidad, los que tengan dinero para pagársela”, añadían.

Asimismo, recalcaban que “en la Educación asistimos a un desmantelamiento programado de la Escuela Pública, a la vez que se privilegia a los centros concertados y se realizan nuevos conciertos. La Universidad no es una excepción. A la expansión de las universidades privadas como la universidad San Jorge, se le une el deterioro financiero de la pública y el soporte privado de la investigación. La creación de masters de alto precio, la subida de tasas y la reducción de becas hace cada vez más difícil el acceso a la enseñanza universitaria a los estudiantes procedentes de la clase obrera”.

“Las pensiones públicas llevan mucho tiempo en el punto de mira de la banca. Reduciendo prestaciones y cambiando el fondo del sistema se está preparando el camino para el reemplazo paulatino del sistema público de pensiones por uno privado”, explicaban con desazón.

Por otra parte, aludían a los servicios municipales y sociales que “han sufrido la pérdida de más de 800 puestos de trabajo desde el 2008, además de una disminución de recursos económicos, lo que significa  que determinados servicios no se puedan prestar en condiciones por falta de plantilla y de dinero, en un momento en que la crisis económica, como causa coyuntural y un sistema social injusto,  han provocado que aumente la situación de precariedad de miles de familias que solicitan apoyo. No podemos seguir por ese camino. El derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, al transporte, a la seguridad en la vejez, a los cuidados en la dependencia, a unos servicios municipales de calidad, no pueden depender de los recursos individuales, ni estar al servicio del beneficio económico”.

“La privatización de todos estos servicios, el incremento del paro, los recortes de retribuciones que pretenden dejar nuestros salarios entre 400 y 600 euros mensuales junto al apabullante recorte de derechos civiles y libertades, nos llevan a la más pura y dura esclavitud, sin cadenas, pero inmovilizados. Exigimos que la prioridad de los presupuestos sean los gastos sociales y no el pago de una deuda ilegítima a los bancos”, concluían.