Unos compañeros antifascistas, han estado retirando chapas del ministerio de la vivienda de la época falangista. Esta simbología incumple la Ley de Memoria Histórica. Han sido denunciados por la policía y tienen juicio El miércoles 11 de mayo a las 09:30 h. en los juzgados de Ranillas.
Hacemos un llamamiento para que se acuda en solidaridad y acompañamiento de los compañeros.
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RETIRAR SIMBOLOGIA FASCISTA NO ES UN DELITO, ES UN DEBER.
Casi 50 años de la muerte del Dictador y más de 3 de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y todavía nuestras calles siguen llenas de simbología fascista en forma de placa del Ministerio de la Vivienda, mientras las Administraciones miran para otro lado y se dedican a organizar juras de bandera civiles, autorizar eventos neonazis, en equipamientos públicos y a reprimir con enorme contundencia a todos aquellos que plantan cara a la extrema derecha, dejando en evidencia que tanto la clase política como los jueces y los miembros del orden provienen de donde provienen.
Dos antifascistas hartos de ver la simbología fascista de una organización como Falange, que asesinó a más personas en un solo día que ETA en 60 años de existencia y que a día de hoy sigue siendo un partido legal, decidieron empezar la ardua tarea de eliminar toda esta simbología, de manera autónoma y empleando su tiempo y dinero, de lo que no andan sobrados precisamente, ya que las Administraciones no lo hacían.
Tras ser identificados por agentes de la Policía Local de paisano y tratados como meros delincuentes, calificando el asunto como si fuera un caso de sustracción de bienes, tenemos que enfrentarnos a la decisión de una jueza que sin que ninguna comunidad de las cuales se retiró la placa haya querido denunciar y sin que en ningún momento se haya producido daño alguno en esas comunidades y de lo cual fue informada por la Policía Judicial, pretende darnos un castigo por atrevernos a semejante osadía.
Esta jueza en un intento de ser más papista que el Papa, viendo que no había denuncia, insistió para que estas comunidades nos denunciaran sin conseguirlo, en un claro caso de parcialidad judicial y de un intento de reprimir una conducta “tan delictiva como la nuestra”.
Resulta curioso que quienes están obligados a retirar toda esta simbología son las Administraciones Públicas, y en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza. Estas instituciones están más preocupadas en facilitar la realización de eventos por parte de grupos de extrema derecha, como la que se realizó el pasado 3 de abril en el Centro Cívico Delicias por parte de la Asociación Deportiva “Hexafolia”, fuertemente vinculada con el grupo neonazi Bastión Frontal. También la colocación de placas resignificando las calles dedicadas a fascistas como Agustina Simón, la enfermera que realizó “labores tan humanitarias” la cual dijo que no tocaría a un rojo ni con guantes negándose a atender a nadie del bando antifascista o a Pedro Lázaro, el primero en caer en el frente por el bando golpista, calificándolos como “caídos en una cruel guerra entre españoles que no debe repetirse jamás” cuando en realidad fue un golpe militar encabezado por unos generales africanistas psicópatas y acostumbrados a los actos más ruines, sádicos y criminales que puede realizar un ser humano apoyado por un ejército de mercenarios de más de 200000 efectivos de distintas nacionalidades y por un partido como la Falange Española, integrado por criminales sin escrúpulos, sembrando este país de cadáveres y haciendo correr ríos de sangre por toda nuestra geografía. Sin olvidar el cerca de un millón de prisioneros que esclavizaron y la represión ejercida sobre las mujeres en forma de violaciones, esclavitud sexual, rapados y paseos, robo de hijos, etc.
En resumen, que tenemos una clase política que incumple las leyes, una judicatura que se toma la justicia por su mano o condena sin pruebas, como en el caso de los 6 de Zaragoza, y una policía que en ocasiones mienten como bellacos o se inventan los motivos para sancionar en forma de multas, como en el último caso en el que un compañero ha sido multado 5 veces el mismo día con 200€/multa por pegar carteles cuando ni siquiera estaba en la ciudad o una compañera del 8M multada en las mismas circunstancias.
Con todo esto, su objetivo es amedrentarnos, “nada más lejos de la realidad”.
La eliminación de toda simbología fascista no es un delito, es un deber.
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