Sin embargo, este acuerdo tendrá contrapartidas. En ese sentido se hacen concensiones a los países del norte, los llamados ‘frugales’, reacios a compartir su dinero con los países más perjudicados por el Covid-19, y la propuesta endurece las condiciones para acceder a las ayudas. Entre ellas, para conseguir la financiación se necesitará el voto favorable del 55% de los Estados que supongan como mínimo el 65% de la población continental. Por consiguiente y aunque es cierto que los países más reacios a compartir los fondos (Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia) no podrían paralizar el fondo de reconstrucción por sí mismos por no sumar la suficiente población, sí que podrían, en cambio, recabar apoyos y acabar echando abajo el denominado ‘Plan Marshall’ de la UE.
Los países que reciban las ayudas deberán destinar parte del dinero a la transición verde y digital promovida por la Comisión Europea. Pero sin duda el condicionante más trascendente será el de la obligatoriedad de tener en cuenta las recomendacionesefectuadas por la UE, que en el caso del Estado Español suponen abordar una nueva reforma del sistema de pensiones (es decir, un nuevo recorte) y mantener las líneas fundamentales de la reforma laboral (o sea, la precariedad e indefensión de la clase trabajadora). En esas condiciones el fondo de recuperación supone de hecho un rescatepuesto que se condiciona la financiación a la aplicación de políticas neoliberales favorables a los grandes poderes económicos europeos (banca y gran capital) a costa de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora. Un reto para un gobierno, el del PSOE y Unidas Podemos, parecido al que se le planteó a Syriza en el caso de Grecia cuando acabó plegándose a las condiciones dacronianas que le impuso la troika comunitaria.
El documento también señala que el 70% del reparto se decidirá según el desempleo de cada país, PIB y población, y el 30% restante según la caída del PIB que provocará el Covid-19 en los años 2020 y 2021. Por este motivo, el 70% de los fondos llegarán durante los primeros años, mientras que el 30% restante se repartirá en 2022 cuando se conozca el impacto real en el PIB. El dinero dejaría de fluir a partir de 2026.