Situación de emergencia también en los Servicios de
Atención Domiciliaria
En estos días de crisis sanitaria, en los que se ponen en valor los
cuidados a las personas, el Servicio Atención Domiciliaria se
convierte en uno de los pilares de atención a las personas. Las
trabajadoras de este sector, fuertemente feminizado, realizan una
atención verdaderamente vital a personas mayores o
dependientes: les hacen la compra, les asean, les alimentan,
etc…
A pesar de lo anteriormente comentado no se las ha dotado del
material preventivo necesario desde el primer día: ni mascarillas,
ni guantes, ni gel hidroalcohólico…. Se da la circunstancia de que
los protocolos especiales para el coronavirus que han decretado
las comunidades autónomas (por ejemplo, Cataluña) ni siquiera
lo han previsto, a pesar de haberlo decretado servicio esencial.
Tampoco se les ha dotado de protocolos claros de cómo actuar
en cada caso. Que las empresas les dotaran de dicho material se
ha convertido en una lucha titánica para la mayoría de ellas. Esto
es aún más importante teniendo en cuenta que a lo largo de su
jornada laboral van pasando sucesivamente por los domicilios de
varias personas, que en muchos casos son población de riesgo.
El peligro de extender la epidemia es evidente.
En las actuales circunstancias, se debería reducir (sin pérdida
salarial para ellas) su actuación a los casos verdaderamente
irremplazables. En los comités donde co.bas tiene
representación, como el de Accent Social en Barcelona, esto ha
sido posible gracias a la presión tanto al Ayuntamiento como a la
propia empresa.
A pesar de su importancia, este es un sector que arrastra una
gran precariedad laboral. Cuando hace años las administraciones
públicas (Ayuntamientos) decidieron privatizar estos servicios, las
empresas (principalmente multinacionales) vieron un filón del que
sacar beneficio. Para ello, tratan de reducir el coste del servicio al
mínimo provocando con ello una precarización de las condiciones
laborales de las trabajadoras y un empeoramiento de la calidad
del servicio. Además, esto provoca que una parte del dinero
público que gasta el Ayuntamiento no va a parar a la atención
domiciliaria propiamente dicha, si no que acaba en los bolsillos
de los dueños de estas grandes empresas.
Para no hacer un listado interminable, mencionaremos que los
dos principales Ayuntamientos del país: Madrid externaliza el
servicio a SACYR social, CLECE y ASISPA y el de Barcelona, lo
hace a Accent Social (CLECE), Valoriza (SACYR) y Suara.
Por último, queremos señalar también que la inversión del
gobierno central para reforzar estos servicios es también
insuficiente. 600 millones es muy poco, comparado con los
100.000 millones destinados a avalar créditos empresariales.
Además, la mitad de esa ya escasa inversión queda a voluntad
de los Ayuntamientos, que sólo podrán disponer si tienen
superávit económico.
Todas estas circunstancias nos hacen reivindicar una vez más
que los servicios esenciales como el SAD vuelvan a ser públicos
y las multinacionales dejen de ganar dinero a costa de
trabajadoras e impuestos de la ciudadanía.
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