ECUADOR. Indígenas rompen con el gobierno y trabajan en su propio parlamento

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que fue suspendido el diálogo con el Gobierno de Ecuador, por la presunta persecución contra los representantes de la organización social.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) instaló este viernes, 25 de octubre, en Quito un “Parlamento Popular” para consensuar un modelo económico distinto al plan de ajustes aplicado por el Gobierno, que desató las protestas de principios de octubre.

Cerca de 400 delegados de diferentes organizaciones de la sociedad civil acudieron a la reunión que se desarrolló en la sede de la Conaie. El Parlamento fue inaugurado por el líder de esa confederación, Jaime Vargas.

El encuentro permitirá “trabajar, discutir y debatir” sobre un “un nuevo modelo económico” para el país, según aseguró Vargas al dar inicio a la cita, cuyas conclusiones serán difundidas en los próximos días.

Agregó que el llamado Parlamento Popular pretende elaborar una propuesta alternativa al modelo económico aplicado por el Gobierno y que se sustenta en las medidas de ajuste para reducir el gasto público, que detonaron las protestas sociales.

La Conaie convocó en los primeros días de octubre a un ciclo de protestas contra las medidas económicas anunciadas por Lenín Moreno y que incluían la eliminación del subsidio a la gasolina y otras reformas laborales, fiscales y tributarias tras un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las manifestaciones concluyeron el 13 de octubre con la derogación del decreto. Dejaron un saldo de ocho muertos, 1.300 heridos y un millar de detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

Se inició de un proceso de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, auspiciado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Quito. Pero este miércoles, 23 de octubre, la Conaie reveló que ese proceso de diálogo se había suspendido debido a la aparente “persecución” emprendida por el Gobierno contra los líderes de la protesta.

 

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