El gobierno de Aragón esta intentando convertir el hospital de Alcañiz, un hospital comarcal de excelentes indicadores, en un centro privatizado, y lo hace aprovechando la conveniencia de cambiar su ubicación para poner en marcha un modelo PFI (iniciativa de financiación privada).
Como es bien conocido este modelo de gestión hospitalaria, que se puso en marcha inicialmente en el Reino Unido, consiste en ceder la construcción del centro y la gestión de lo que se denomina “no sanitario” a una empresa o a una UTE a cambio de un canon anual durante 20 o 30 años. Como el sistema lleva mucho tiempo en funcionamiento ya conocemos que encarece de manera intolerable los costes (entre 7 y 8 veces) y que no supone mejoras de calidad ni de eficacia sino todo lo contrario.
La experiencia en Madrid señala además que estos centros acaban recibiendo fondos de manera incremental y fuera del contrato inicial (9,1 millones € de incremento del canon aprobado en 2010 de manera clandestina) y que garantizan aumentos anuales del canon ligados al IPC, mientras los presupuestos públicos están sometidos a continuos decrecimientos.
Pero lo mas significativo en su evaluación económica es que hay alternativas para encontrar los fondos para la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias mediante prestamos del Banco Europeo de Inversiones o del Banco social europeo donde pueden obtenerse los fondos necesarios con intereses que encarecen ligeramente los costes (en general situándoles en 1,1 o 1,3 veces el coste de las obras) que en nada tienen que ver con los sobrecostes del modelo PFI.
Claro está que los sobrecostes no se quedan solo en la formula inicial del contrato, sino que generalmente los servicios centrales (radiología y laboratorio, informática, etc) se sitúan en otras empresas privadas cuyos costes aumentan aún mas la ineficiencia del modelo, y también se sabe que en mas de una ocasión se han creado empresas para gestionar la parte pública y adelgazar de paso las plantillas con lo que no se garantiza la calidad de la prestación.
Otra cuestión reseñable es el problema que plantea la sucesión de ventas de las empresas inicialmente concesionarias. En España 2 grandes multinacionales, Centene Corporation y Lloyd Bank se están haciendo con el control de las PFI y las concesiones administrativas lo que supone con IDC (antes CAPIO) la creación de oligopolios de prestación sanitaria financiada con dinero público y eso puede producir graves riesgos para la atención sanitaria.
Por supuesto las PFI son el primer paso para la privatización total de los centros, tal y como se vio en Madrid donde se intento, por suerte sin éxito privatizar totalmente los 6 hospitales PFI, y además un mecanismo nada transparente de lo que se conoce como “puerta giratoria”, es decir formulas para encontrar colocaciones bien remuneradas para los privatizadores y para otras cosas todavía menos ejemplares (las empresas de la UTE de los hospitales PFI en Madrid aparecieron como generosos donantes en los “papeles de Barcenas”)
En resumen se pretende privatizar un centro público aragonés, despreciando alternativas mas baratas, con la única finalidad de favorecer los negocios privados. Por suerte en Alcañiz y en Aragón esta produciéndose una amplia contestación social y profesional que hay que apoyar porque cada paso adelante en la privatización es un atentado contra el derecho a la salud de toda la población.
Por Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública