EL PAGO DE LA DEUDA ES EL FINAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
La lucha que venimos llevando los pensionistas ha puesto sobre la mesa la dramática situación en la que viven muchas familias.
Familias enteras están sostenidas por padres y abuelos por pensiones que en la mayoría no sobrepasan los 800 €.
La crisis de este sistema ha sido aprovechada para que los ricos busquen cualquier forma que les genere beneficios y como el ladrillo se cayó, han puesto sus ojos en el control de los servicios públicos: Pensiones, Sanidad, Educación etc…
Pero para eso necesitan el camino abonado, leyes que les permitan gestionar el dinero público para tanto pensionista es criminal en los medios de comunicación y en los partidos fundamentalmente de derechas.
Pero, ¿Por qué no hay dinero para las pensiones? Y si lo hay para Armamento, subida salarial del 30% para Policía y Guardia Civil, La Monarquía, La Iglesia, el rescate a las autopistas etc. etc..
¿Como se ha generado esta deuda Pública?
La causa fundamental es la transferencia unánime de fondos públicos, más de 200.000 millones de euros, puestos a disposición de la Banca Privada con le pretexto de evitar su quiebra por los gobiernos del PSOE y PP.
Aunque este concepto es el más importante, también han contribuido a generar esta deuda las subvenciones a empresas inmobiliarias, del automovil, el enorme gasto en obras públicas innecesarias, aeropuertos, autopistas, AVES, los descomunales gastos en armamento (40.000 millones de €), las privatizaciones de los Servicos Públicos, etc…
La deuda acumulada se ha disparado desde 2007. Entonces era del 36% del PIB (Producto Interior Bruto) y ahora es más del 100%. Y seguirá aumentando, generando una carga insostenible e impagable.
El pago de esta deuda mayoritariamente privada necesitan leyes que legalicen el robo del dinero público y se traspase a los bolsillos privados.
La Reforma del Art. 135 de la Constitución Española
Si, la modificación del Art. 135 de la Constitución Española dice literalmente: «Prioridad absoluta del pago de la deuda…« por encima de cualquier servicio público, sanidad, pensiones, Educación.
El gasto en pensiones estaría intervenido y obligado a recortes. Como gasto de la Seguridad Social y como gasto del Estado. Y dado que lo previsible es la intensificación de la caída de ingresos de la Seguridad Social, lo que harán es imponer aún más drásticos recortes en las pensiones. Todo ello para conseguir lo más rápidamente posible el objetivo mayor que persiguen; Que los fondos privados de Pensiones se hagan con las pensiones públicas, más de 14.000 millones de euros.
Y antes esta situación y conscientes de que la lucha y las movilizaciones es la única salida para que cambien, aunque sea minimamente, las condiciones de vida de los trabajadores y pensionistas, es por lo que volveremos a llenar las calles el sábado 2 de Febrero y los días que sean necesarios, levantando sin concesiones y con firmeza todas las reivindicaciones de nuestra tabla reivindicativa.
EL GOBIERNO NO CUMPLE, TODOS A LA CALLE.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN
TABLA REIVINDICATIVA
- Recoger las pensiones como un derecho constitucional derogando el Art. 135 de la Constitución Española, e incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado.
- Restablecer la Jubilación Ordinaria a los 65 años. Las jubilaciones parciales con contrato de relevo para todos los trabajadores a los 60 años, y el relevista fijo en plantilla.
- Jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados=100%
- Recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Elevación del salario mínimo interprofesional a 1200 €.
- Oposición total al plan europeo de privatización de las pensiones (PEPP). Derogación del Pacto de Toledo y las Reformas Laborales.
- Pensión mínima de 1084€ que garantice con dignidad la vida de los pensionistas, viudas etc…
- Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real, para el 2019 y para después de las Elecciones Generales. No a la aplicación del Factor de sostenibilidad ni en el 2019 ni en el 2023.
- Recuperación económica de lo perdido desde 2011.
- Reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones.
- Factor reductor de la edad de jubilación a los afectados por el Amianto.
- Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de dependencia. Eliminar todo tipo de copago, restablecer los derechos sanitarios. Garantía de los suministros básicos (energía, agua, transporte).
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