Un año de la crisis y 84 trabajadores siguen pleiteando con Vestas

LABORAL La multinacional recurre al TSJ las sentencias por la antigüedad de los trabajadores de la ETT

Un año después del primer parón en la fábrica de Vestas, que terminó abandonando el polígono de Villadangos del Páramo, 84 trabajadores de la fábrica de aerogeneradores siguen sin cobrar el despido. La batalla laboral no se cerró con el acuerdo firmado entre los sindicatos y la empresa, que no recogía unas condiciones justas para los empleados que estuvieron encadenando contratos de la empresa de trabajo temporal (ETT) Manpower, en una «rueda» muy estudiada con la que la multinacional eludía obligaciones legales, como reconocer antigüedades, según han demostrado ante la Justicia la abogada María Cantalapiedra y su equipo. En esta historia sí había un gigante en los molinos de viento, pero no había alucinados, sino tres valientes: Óscar, David y Óscar. Tres obreros lanzados a la conquista de los derechos que les quiso escamotear la compañía que cobró más de 15 millones de subvenciones públicas directas para su funcionamiento y que de la noche a la mañana ejecutó un ERE de extinción para más de 300 empleados. De los otros 86, solo dos han visto cerrado su pleito y 84 siguen «en lucha» contra la compañía danesa.

Tortuoso camino

En mayo de 2017 el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) realiza una primera denuncia ante la Inspección de Trabajo por la excesiva contratación de trabajadores a través de la ETT, que llegó en ocasiones al 50% de los masa laboral de la planta, según explican las fuentes consultadas. Esta práctica estaba asentada en la empresa desde el 2013, lo que levantó los recelos de algunos trabajadores. En junio de ese año, CGT también interpone una denuncia ante la Inspección, que reitera en septiembre. Transcurrido un tiempo prudencial sin que la Inspección se pronunciase, hartos de la incertidumbre que suponen los contratos de un día, de estar dado de alta de lunes a viernes, de pasar seis meses en el paro teniendo fijada la fecha de reincorporación, de que se les escamotearan el derecho a vacaciones, las cotizaciones o el paro, los tres trabajadores acuden al despacho de Cantalapiedra.

La multinacional danesa trató de entorpecer la labor de la Inspección avasallando con ingente documentación Las denuncias individuales espolean a la Inspección, a la que Vestas había «avasallado» remitiendo una montaña de documentación. Asistidos por la letrada, las precisas indicaciones de los denunciantes –temporales y espaciales, incluso con croquis y calendarios– permiten, dos meses después, formular un requerimiento legal a Vestas para dar de alta a los 86 trabajadores en un plazo máximo de cuatro meses.

Cantalapiedra apunta que tras estudiar muchos contratos descubren que la compañía «se fue relajando» y «de contratos muy específicos para producir una pieza concreta pasaron a contratos con las mismas atribuciones que la plantilla». Vestas ya estaba preparando la deslocalización porque pocos días después del requerimiento, el 4 de junio, se conoce el cierre de cuatro de las siete líneas de producción. En aquel documento la Inspección incluye un listado con nombres y apellidos de una buena parte de la plantilla, cuya situación tenía que ser regularizada.

Sin embargo, la multinacional no atiende el ruego. Alega estar pendiente de la subasta de energía del siguiente mes de septiembre para justificar la supuesta incertidumbre del negocio. Las alegaciones son rechazadas por la autoridad laboral, que el 31 de julio de 2018, estallado el conflicto laboral, cursa una infracción grave en su grado máximo por el fraude de ley en la contratación con una sanción de 6.200 euros, rebajada posteriormente a 5.200 por un error formal. Una sanción muy inferior a las indemnizaciones que, según apunta la abogada, superaban en algunos casos los 10.000 euros por trabajador.

El 28 de junio del año pasado los trabajadores de Vestas realizaron el primer parón ante el anuncio del cierre de líneas y las amenazas de cierre. | MAURICIO PEÑA

Entre medias la empresa va aligerando el peso de los trabajadores de la ETT en los recursos humanos de la fábrica para afrontar con menor presión las negociaciones del ERE, según valora Cantalapiedra. «No les convenía incluirlos en las negociaciones porque eran un número importante», señala. En el acta de cierre del periodo de consultas con acuerdo, del 7 de octubre, queda recogida la incorporación a la plantilla de los 86 trabajadores con fecha de alta el 8 de octubre y fecha de extinción del contrato entre el 9 y 10 de octubre de 2018. Es decir, un día de antigüedad, pese a tener muchos relación desde 2015 con la empresa. El acuerdo también incluye una indemnización de 1.000 euros, el plan de recolocación o los 15 días por la falta del preaviso. De nuevo, Óscar, David y Óscar hacen frente al gigante. Se movilizan para advertir a los compañeros de que no firmen. En ese momento, muchos otros afectados comienzan a llegar al despacho de Santo Domingo. La letrada y su equipo se vuelcan con un problema «social». En unos casos da tiempo a impugnar el despido, en otros se sigue la vía de la reclamación de cantidad.

Actitud rebelde de la empresa

La labor de los Juzgados de lo Social ha sido fundamental para las pretensiones de los trabajadores. Han agilizado el asunto, concentrado juicios en la misma jornada y haciendo frente a las «dificultades» planteadas por Vestas. Llega a suspenderse el primer juicio en previsión de un posible acuerdo, que nunca llegó. Después, las sentencias han sido contundentes, dando por buenos los testimonios de trabajadores que declararon que en la fábrica «llegó a haber tantos trabajadores de ETT como de Vestas y que en producción, que era donde estaban, no había picos de producción, había trabajadores de ETT en todas las zonas y no cambiaban por terminar proyecto, sino porque contrataban otros que seguían haciendo lo mismo que los anteriores y la formación la daba al nuevo el que terminaba y se les decía que les volverían a contratar, vuelves en 3 meses, para que no reclamaran, y que lo que hacían eran tareas normales y permanentes».

Las sentencias señalan una actitud conscientemente rebelde por parte de la empresa a dar cumplimiento puntual al requerimientoEn esas primeras sentencias reconociendo la antigüedad –y un mayor finiquito– también se pone de relieve «una actitud conscientemente rebelde por parte de la empresa a dar cumplimiento puntual al requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo de dar de alta como fijos a los trabajadores cedidos por la ETT o la intención de retrasar al máximo dicha alta para poder alegar interrupción del vínculo», o lo que es lo mismo, poder ahorrarse una cantidad muy importante en las indemnizaciones.

Por el momento, los trabajadores han ganado todos los juicios en los Juzgados de León. Vestas ha recurrido las sentencias –salvo dos–, pendientes de ser ahora confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL). Se espera que la decisión no se demore, dada la diligencia con la que el Tribunal ha actuado hasta la fecha en este asunto. Una vez pronunciado el TSJ, si ratifica lo dictaminado en primera instancia, es muy probable que se agilice el resto de procesos.

Con ello, más de un año después del cierre que sacó a miles de leoneses a las calles para protestar contra la deslocalización, los últimos de Vestas podrán ver satisfechos los derechos perdidos en uno de los golpes más duros al tejido industrial y económico de la provincia de los últimos años. Será el punto final a este capítulo, cuando ya se han escrito las primeras líneas del siguiente.