Chile desde la memoria

Chile desde la memoria

La batalla contra el olvido sigue viva a 43 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet. La memoria histórica es una deuda todavía muy presente en la sociedad chilena en los países de América Latina. Este reportaje, pretende recoger distintas experiencias y ser un homenaje a las personas que han dedicado su vida a la lucha contra el olvido.

| 11 septiembre, 2016 08.09
Chile desde la memoria
Retratos en blanco y negro de ejecutados y desaparecidos durante la dictadura chilena expuestos en el Parque por la Paz Villa Grimaldi durante la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Foto: Adrián Solana Mayayo

Los años setenta y ochenta están marcados con tinta en la memoria colectiva de la sociedad chilena. Los más de 3.000 muertos y desaparecidos por la dictadura militar y las 40.000 víctimas de violaciones de Derechos Humanos, no dan pie a otra opción. Sin embargo, 43 años después del golpe de Estado de Augusto Pinochet y tras 26 años de gobiernos democráticos, una batalla contra el olvido se sigue librando. “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, dijo Salvador Allende en su último discurso, mientras el palacio de La Moneda era bombardeado ese 11 de septiembre. A día de hoy, diferentes colectivos y personas no se resignan a olvidar. La historia de la verdad y la justicia plenas, todavía no ha sido escrita.

Familias de dignidad

En septiembre de 1973, Alicia Lira era una obrera textil de 25 años. Vivía en una población humilde y desde hace meses gestionaba una librería del Partido Comunista. “Era una época dorada, siempre había sol”, recuerda. Pero el Golpe lo cambió todo. Nunca volvió a ser plenamente feliz. Una ausencia existe desde entonces. Hoy día, es la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y es una veterana activista por los Derechos Humanos.

Felipe Rivera Gajardo era su esposo, su compañero. El 8 de septiembre de 1986 fue secuestrado en su casa por un grupo de hombres con pasamontañas. Entraron por la fuerza y lo sacaron de la cama. Lo subieron a un taxi y se lo llevaron. No hubo despedida. Fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida. Horas después, encontraron su cuerpo acribillado a balazos.

Según los informes de la Comisión Valech, más de 2.100 personas fueron ejecutadas. Después del Golpe, una comitiva militar ordenada por Augusto Pinochet y conocida como la Caravana de la Muerte, recorrió Chile y asesinó a 96 personas. A partir de entonces, la tortura y exterminio de la disidencia, se estableció como una política de Estado que estuvo vigente hasta el fin de la dictadura.

La AFEP nació en 1976 como una organización de solidaridad y apoyo entre mujeres que denunciaban a nivel nacional e internacional el asesinato extrajudicial de sus familiares. Ellas no miraron para otro lado. “Hicimos huelgas de hambre, nos encadenamos, ocupamos espacios institucionales y fuimos perseguidas, detenidas, golpeadas e insultadas”, explica Lira. En la actualidad, su forma de trabajo ha cambiado pero sus demandas siguen vigentes. “Hemos avanzado en algunas cosas pero, después de 26 años, no se ha hecho suficiente. La impunidad continua, existen pactos de silencio en las fuerzas armadas y de unos 200 condenados, más de 100 están en sus casas sin haber estado ni un día en la cárcel”, denuncia.

Centros de terror

Golpes, insultos, violaciones, colgamientos, descargas eléctricas, ahogamientos. Día y noche. El cuartel Terranova fue un centro secreto de detención y tortura donde funcionaba la jefatura máxima de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Se instaló en la antigua Villa Grimaldi a partir de 1974 y operó hasta 1978, periodo en el que 4.600 personas pasaron por él. “Aquí se manifestó lo más brutal de la tortura y atropello a la dignidad humana”, explica Higinio Espergue, sobreviviente del cuartel Terranova y actual presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Higinio Espergue fue un joven idealista y dirigente estudiantil. De los que soñaba con un mundo más justo. Fue un miembro activo de la resistencia a la dictadura. Lo torturaron y estuvo preso durante ocho años. “Existieron centros de muerte y horror donde se practicó una violencia sistemática. Y contra las mujeres fue ejercida de una forma todavía más brutal”, cuenta. De las personas que estuvieron allí, 264 fueron detenidas desaparecidas. Investigaciones posteriores demostraron que a muchos les drogaron, amarraron y lanzaron al mar. Sus familias aun no saben dónde están.

En la actualidad, el Parque por la Paz Villa Grimaldi es un espacio para el recuerdo. Cada día, grupos de alumnos y jóvenes se acercan a conocer lo que ahí ocurrió. La barbarie y la verdad. “Hemos asumido un compromiso con la memoria, pero para que no haya repetición tiene que haber garantías por parte del Estado y eso implica romper los pactos de silencio y poner fin a la impunidad”, concluye Espergue.

La verdad en las vitrinas

Recorrer la historia es la mejor forma de conocerla. En Santiago de Chile, desde el año 2010, existe la posibilidad de revivir y de sentir por un momento la brutalidad de la dictadura. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un espacio educativo y de comunicación creado para visibilizar las violaciones de derechos cometidas entre 1973 y 1990. Tres ejes estructuran el edificio: la verdad, la justicia y la idea fuerza del Nunca más.

En septiembre de 1973, Francisco Estévez era un dirigente estudiantil de 18 años. Asistía al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y participaba activamente en la vida política del país. Era un buen estudiante, Salvador Allende había dicho que esa era “la primera responsabilidad de todo estudiante revolucionario”. Sin embargo, después del Golpe, nada volvió a ser igual. En un juicio sumario de la fiscalía militar, se emitió un dictamen de expulsión y le prohibieron estudiar en cualquier universidad del país. “Existió una disposición estratégica de eliminar la disidencia, a muchos niveles, y los Derechos Humanos se violaron de forma transversal”, explica Estévez, historiador y actual director del Museo.

Los patrones de la detención, desaparición, tortura y exilio son comunes en las dictaduras de América Latina. “En el marco de la operación Condor, existieron alianzas entre los regímenes militares que se ayudaron de sus servicios de inteligencia para hacer una represión sistemática en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay”, resalta. Han pasado ya dos décadas desde que la democracia volviera al Cono Sur, pero “la lucha por la verdad, la justicia y los Derechos Humanos es tan decisiva como antes. No se pueden ver como luchas del pasado”, concluye.


Danza contra el olvido

Las canciones de Victor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez o Mercedes Sosa estaban prohibidas en dictadura, aunque eso no impedía que circularan de forma clandestina. La cultura siempre fue un arma política. Tania Medalla era solo una niña, pero no ha olvidado los casetes de música “ilegal” que le regalaba su padre. Su madre fue detenida y torturada en Villa Grimaldi, su tío un ejecutado político. “Tengo una memoria impregnada desde el cuerpo de mi madre muy vinculada a la represión”, explica. Hoy día, es integrante del colectivo Cueca Sola, que utiliza el baile y el cuerpo como forma de lucha.

Recuperan la tradición del grupo folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, mujeres que bailaban la cueca —baile nacional de Chile que se realiza en pareja— solas, para escenificar la ausencia de sus familiares desaparecidos. Pero también, han incorporado experiencias más recientes, como el trabajo de Pedro Lemebel, que pretendió ir un poco más allá y resignificar el cuerpo en sí mismo como herramienta de protesta. “Nuestras intervenciones tienen que ver con la potencia del baile como un lenguaje sobrio que necesita muy poco para conmover”, cuenta Medalla.

Cueca Sola intenta desprivatizar la memoria y reivindica la figura de quienes murieron por un mundo mejor, de todos y todas, sin olvidarse de nadie. Es un colectivo joven, que ha cumplido dos años, pero nace del convencimiento de que la batalla por la memoria sigue vigente. “Existe un puente entre la impunidad del pasado y la violencia que vivimos en la actualidad. La justicia y la verdad son la única forma de crear una cultura pública de Derechos Humanos”, concluye.