Colectivos sociales, políticos y asociaciones vecinales denuncian la opacidad en la gestión público-privada del Consorcio Sanitario Aragonés

Huelga en Francia y opacidad en la gestión público-privada del CASAR

Tras más de dos meses de protestas por la imposición de la reforma laboral en Francia, se extienden las huelgas en transportes y sectores estratégicos. El desabastecimiento, el colapso en las redes de transporte y los enfrentamientos entre manifestantes y policía, conforma el escenario deseado por el gobierno francés para recibir la celebración de la Eurocopa. Contactamos con nuestro compañero de SOLIDAIRES para que nos ponga al día de la situación.
La actualidad local ocupará la segunda parte del programa. Una veintena de colectivos sociales y políticos y asociacione vecinales de nuestra ciudad, exigen explicaciones al gobierno de Aragón a propósito de la gestión publico-privada del CASAR (Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución), que se ha saldado con una desviación de fondos públicos de más de veinte millones de euros. Invitamos a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y a ATTAC Aragón para que nos cuenten a qué se debe esta opacidad en la información y las acciones reivindicativas que se están llevando a cabo.

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El miércoles 1 de junio, a las 12h, tuvo lugar una rueda de prensa, en la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, a cargo de diversos colectivos en defensa de la sanidad pública y contra su privatización, para denunciar la opacidad en la gestión público-privada del CASAR (Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución).
Más de una veintena de colectivos, asociaciones vecinales y grupos políticos, se han adherido a esta denuncia y han firmado un escrito dirigido al Gobierno de Aragón, que fue entregado en el registro del Pignatelli, ayer a las 17h de la tarde.
La rueda de prensa, estuvo a cargo de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma en Defensa de las Unidades de Salud Mental y la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad. Dichos colectivos, se refirieron al último informe publicado por la Cámara de Cuentas de Áragón, correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 del consorcio privado del CASAR. Dicho informe, pone de manifiesto graves irregularidades en la gestión del consorcio privado, cuyo resultado es una deuda aproximada de unos veinte millones de euros, que ahora, tras la integración del consorcio en el SALUD, tendrá que ser sufragados con fondos públicos.
La imposibilidad, por parte de la Cámara de Cuentas, de tener acceso a toda la información , para poder realizar un informe riguroso, demuestra el oscurantismo existente en la gestión de este experimento público -privado, en el que todavía quedan por aclarar: los sobresueldos recibidos por altos cargos del consorcio fuera de convenio, el balance de cuentas de liquidación, el sistema de contratación del personal sanitario, los servicios prestados por el SALUD, los servicios externalizados y su rendimiento, los beneficios obtenidos por la mutua, etc. Un sinfín de irregularidades y de falta de información que hace sospechar que ninguno de los sucesivos gobiernos autonómicos (desde la fundación del consorcio en 2006) ni las alcaldías implicadas, parecen querer asumir las responsabilidades de una gestión en la que sabemos quienes pierden (una deuda millonaria que tendrá que ser asumida por todos los aragoneses) pero que, a día de hoy, no sabemos quienes ni cuanto han ganado.
Por ese motivo, los colectivos denunciantes exigieron públicamente la realización de una auditoria

externa que aclare las gestión llevada a cabo, así como la depuración de responsabilidades de los implicados, si fuera preciso.

Del mismo modo, los colectivos resaltaron que el CASAR no es un caso aislado y enumeraron las diversas experiencias privatizadoras que se han llevado a cabo en el resto del estado y que se han saldado con similares consecuencias (se ha demostrado que el SALUD es un 25% más barato que el modelo de gestión del CASAR). Así pues, declararon que la proliferación de asociaciones público-privadas responde a un proceso de privatización encubierta de los servicios públicos y que además, este modelo de gestión, genera el entorno idóneo para la corrupción. Denunciaron, que este tipo de asociaciones están acostumbradas a ocultar endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios. Y recordaron que las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Hecho que es incompatible con el acceso universal a servicios públicos de calidad.
En ese sentido, reivindicaron también la derogación de la Ley 15/97 de “nuevas formas de gestión”, marco legal que permite la entrada masiva de la empresa privada en la sanidad pública y que, pese a las continuas promesa electorales, aún sigue vigente.
Los colectivos denunciantes, advirtieron que las acciones de protesta seguirán hasta que sean escuchadas sus reivindicaciones.

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