UNA EVALUACION RAPIDA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE PRIVATIZACION DEL SISTEMA SANITARIO

 

UNA EVALUACION RAPIDA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE PRIVATIZACION DEL SISTEMA SANITARIO

 

2.- La llamada “colaboración público-privada”

 

LA FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS MEDIANTE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA INCREMENTAN EL GASTO SANITARIO, EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y FAVORECEN LA CORRUPCION. MUCHOS DE ESTOS HOSPITALES TIENEN PROBLEMAS LEGALES Y LOS NUEVOS GOBIERNOS ESTUDIAN FORMULAS PARA RESCATARLOS

 

Comunidad Valenciana: el llamado modelo alzira

 

El Hospital de Alzira, fue el primer hospital público gestionado por un grupo de empresas por Concesión Administrativa por la que la Administración paga a la concesionaria un canon anual por habitante adscrito a su área. Desde 2003 se les añadió a estos centros  la gestión de la Atención Primaria del Área.

 

Los problemas comenzaron nada más ponerse en marcha este modelo ya que como Ribera Salud (concesionaria del Hospital) sufrió importantes pérdidas económicas durante los tres primeros años de funcionamiento la Consellería de Sanidad rescató la concesión anulando el contrato y pagando a la concesionaria una indemnización 69 millones (25 millones por lucro cesante), se hizo cargo de las deudas y redactó un nuevo contrato que incrementó el pago por habitante en un 68% (de 225 a 379 euros, en la actualidad le paga 639), y le cedió el control de la Atención Primaria para controlar y seleccionar pacientes y patologías. Pese a este fracaso el gobierno valenciano volvió a utilizar este modelo para construir y financiar los nuevos hospitales de  Torrevieja (2006), Dénia (2006), Manises (2009) y Vinalopó-Elche (2010). En la actualidad Ribera Salud está controlada por la compañía estadounidense Centene Corporation  especializada en asistencia a personas pobres (Medicaid), y por el Banco Sabadell que la  compraron a precio de ganga a Bankia.

 

El desastre asistencial del “modelo Alzira” se evidencia en el Hospital de Denia, gestionado por la multinacional DKV y Ribera Salud,  donde la situación asistencial ha experimentado un importante deterioro tras cerrarse  37 camas y las urgencias en los centros de Atención Primaria dependientes del hospital (para ahorrar gasto a la Concesionaria privada) que ha conducido a que el Servicio de Urgencias del hospital este colapsado recurrentemente. Por otro lado como esta adjudicataria debe pagar a la Conselleria por cada paciente que traslada a hospitales públicos, se obliga a los facultativos a dar altas prematuras a enfermos crónicos para evitar su traslado a centros hospitales públicos. La Junta de Personal ha denunciado deficiencias en la atención a pacientes con infarto, la coexistencia en la misma sala de recién nacidos sanos y sus madres con enfermos adultos, la ausencia de microbiólogos, o la desatención a enfermos críticos y recién operados.    Los profesionales son obligados también a trabajar más horas por menos salario, con contratos precarios que no ofrecen garantías de continuidad y que están generando un ambiente laboral muy enrarecido que condiciona la calidad de la atención.

 

Como consecuencia ya ni el Partido Popular refrenda este tipo de gestión en Valencia y anunció en la pasada campaña electoral que no pensaba renovar las concesiones de estos centros. Ahora el nuevo gobierno ha prometido una auditoria del funcionamiento de los mismos y está estudiando fórmulas para revertir al sistema público estas concesiones privatizadas y a no renovar la concesión de Alzira cuyo contrato expira en 2018.

 

MADRID

 

El gobierno del PP la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre apostó por privatizar la sanidad utilizando diversas fórmulas como las Fundaciones Sanitarias (Hospital de Alcorcón);  Iniciativas de Financiación Privada-PFI  (Hospitales Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Henares, Tajo y Sureste) en los que las concesionarias privadas financian y gestionan los servicios no asistenciales y Concesión Sanitaria-Modelo Alzira  (Hospitales de Valdemoro, Torrejón y el Rey Juan Carlos, de Móstoles y Villalba) en los que las empresas gestionan también los servicios asistenciales;  mientras que la Fundación Jiménez Díaz ha pasado a hospital de referencia de un área poblacional a través de un concierto, manteniendo la atención a pacientes privados. Los 6 hospitales PFI multiplicaron sus costes respecto de  los de financiación y gestión pública directa. Mientras el coste de construcción fue de 701 millones de euros el coste final  será de 5.010 millones. Pese a ello todos estos centros tienen graves problemas en sus estructuras, equipamiento y funcionamiento, como recogieron informes de la inspección tras denuncias sindicales.

 

El intento de ampliar la privatización a la gestión de la atención de enfermos en los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo, fue paralizada cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una presunta vulneración de la legislación de contratos del estado, lo que supuso el abandono de la misma y la retirada de las empresas multinacionales elegidas por el gobierno del PP de la Comunidad Madrileña como eran Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo.

 

Posteriormente a la concesión de los hospitales PFI la Comunidad de Madrid, rescató a las empresas adjudicatarias  con 80 millones de euros, aumentando su endeudamiento de 8.614 millones de euros en 2002 (cuando el PP asumió la competencia sobre la sanidad),  a 32.723 millones de euros en 2014 (casi cuatro ves más). El resultado final ha sido que los presupuestos autonómicos han incrementado el dinero para financiar estos centros privados en detrimento de los hospitales públicos.

 

CASTILLA LA MANCHA

 

El intento fallido de privatizar los hospitales comarcales: María Dolores de Cospedal  pretendió trasladar a esta CA el modelo PFI a cuatro Hospitales comarcales (Villarrobledo, Manzanares, Tomelloso y Almansa), estrategia apoyada por Ribera  Salud, Capio y   grandes constructoras, con conflictos de intereses en el PP. Sin embargo los enfrentamientos entre las empresas interesadas en el negocio,  movilizaciones sociales y profesionales, los pronunciamientos  de algunos ayuntamientos afectados,  y la resolución judicial  que paralizó el concurso de los hospitales madrileños,  acabaron con el proyecto, que fue retirado en el 2013.

 

La nefasta privatización del Nuevo Hospital de Toledo: Otra de las decisiones de la presidenta Cospedal fue paralizar las obras de construcción del Nuevo Hospital de Toledo  rescindiendo el contrato   de  475 millones de euros aportados por el Banco Europeo de Inversiones, la Comunidad Autónoma, la Empresa Publica ‘Servicios Generales Hospitalarios’ y un préstamo del BBV, para su financiación pública. Posteriormente esta fue adjudicada a una Concesionaria liderada por Acciona, OHL y una filial de ACS/Dragados, aplicando el Modelo PFI que implicaba el pago de un canon anual de 72 millones durante 30 años con un una rentabilidad garantizada del 14%. Este  contrato Público Privado incluía recortes en el edificio y en los servicios  previstos (abaratar costes)  y la cesión de la explotación de los servicios  no asistenciales como limpieza, aparcamientos, cafetería, seguridad, alimentación, comunicaciones, etc. El cambio de modelo suponía un incremento de los costes (500 millones) pese a lo cual el hospital sería pequeño que el actual, dispondría de  menos servicios y se ponían en riesgo 400 empleos. Posteriormente un juzgado de lo contencioso anuló la privatización del personal estatutario que transfería a una empresa privada la «gestión funcional» de los mismos, al considerar improcedente la integración del personal estatutario fijo en una sociedad concesionaria, que no cumple los requisitos de la legislación vigente. El nuevo gobierno regional se ha comprometido a paralizar esta privatización y recuperar el modelo tradicional de financiación pública.

 

ARAGON

 

El Proyecto de construcción y explotación del Nuevo Hospital de Alcañiz por el modelo PFI pretendía ceder a un grupo de empresas privadas o fondos de inversión la construcción en terreno público de un hospital. El contrato no aseguraba la solvencia de la concesionaria,  la penalización por incumplimientos  era muy baja y se incumplía la Ley de contratos del Estado al carecer del informe de que el proyecto privado era más eficiente que por financiación pública. El coste inicial de 85 millones de euros se elevaba a 451 (el canon anual se fijo en 22,5 millones) y el Ayuntamiento compró además 12 hectáreas de terreno para que la concesionaria explotara una  funeraria y una floristería. El proyecto autorizaba a la Concesionaria a realizar una primera rebaja de 110 millones de euros y a recortar un 30% la construcción por otros 135 millones. Tras numerosas movilizaciones de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública que  denunció el contrato ante el  Juzgado Contencioso-Administrativo, el Gobierno del PP de Aragón anunció el abandono del proyecto PFI, mientras que el  Gobierno elegido en las pasadas elecciones municipales se ha comprometido a que el hospital será de  financiación y gestión públicas.

 

ISLAS BALEARES

 

El Gobierno de Jaume Matas sacó a concurso la adjudicación de la construcción y gestión del Hospital de Son Espases mediante la fórmula de Colaboración Público Privada.  A dicho concurso se presentaron seis empresas Sampol, Ferrovial, Dragados, OHL, Testa y Acciona. La Mesa de Contratación fallo como ganadora a OHL (cuya oferta fue la mejor valorada por una consultora externa contratada por el Gobierno) pero la adjudicación quedó aplazada y posteriormente la misma Mesa de Contratación la adjudicó a la empresa Dragados, en base a dos nuevos informes elaborados  por otra empresa privada. La reacción de la constructora OHL fue presentar un recurso contencioso administrativo contra este cambio en la adjudicación. En el juicio  la anterior Consellera de Sanidad   y el anterior director gerente del Servicio Balear de Salud, ratificaron  que se manipuló el concurso y se les amenazó con «problemas políticos» si la concesión no se asgnaba a la empresa Dragados (Gurupo  ACS). En la querella de la Fiscalía Anticorrupción se incluyen delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración pública.

 

GALICIA

Núñez Feijoo al llegar al poder decido privatizar el Nuevo Hospital de Vigo cambiando  el modelo de financiación pública,  previsto por el anterior gobierno a llevar a cabo por la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia por otro de Colaboración Público Privada (PFI). La obra se asignó a una  Concesionaria liderada por Acciona, Bankia y Caja de Ahorros del Mediterráneo que estaban en quiebra y fueron rescatadas con dinero púbico). Esta UTE introdujo importantes recortes en el proyecto para abaratar (aunque esta percibiría el canon de 72 millones de euros anuales previsto). La Oficina Técnica de Seguimiento (OTS) del nuevo hospital que debía controlar  y supervisar la ejecución del contrato fue asignada a una empresa  constituida tres meses antes por una alta directiva del PP, con sede social en su domicilio particular y sin ninguna experiencia en control de obras. Esta empresa redactó el Proyecto Definitivo  suprimiendo los módulos de docencia e investigación, el hotel de pacientes, el módulo de cuidados críticos, el Servicio de Laboratorio (para favorecer  al nuevo Laboratorio Central de Galicia, cedido a una empresa suiza); recortó las camas  en un 31.8% (de 1.450 a 850) , los quirófanos en un 31.4%, el Servicio de Urgencias en un 55.5% o  las salas de Radiología en un 45.5%. Como consecuencia el Nuevo Hospital dejó de ser Centro de Referencia en Servicios de Alta Tecnología y Especialización para 300.000 personas de la provincia de Pontevedra (que pasaron a depender de Santiago). También se han recortado  la calidad de la construcción (grosor y calidad tabiques, techos, alicatados, ventanas, lavabos, equipamiento; se han reducido en la superficie construida, el aparcamiento, los  accesos y la urbanización, que han supuesto un ahorro de 30 millones de euros (15.8% del total) para la Concesionaria. Sin embargo el coste paso 450 por financiación pública a 1.350 millones y el centro quedará en manos de constructoras, multinacionales y fondos de capital riesgo. Desde su   apertura se han multiplicado los incidentes como caídas de techos de consultas sobre los pacientes, contaminación de quirófanos por aspergillus, inundaciones de las urgencias por aguas fecales, epidemias de roedores, paredes que no resisten el mobiliario, etc. Estos deficit están creando  continuos problemas como la suspensión de intervenciones quirúrgicas, limitaciones de acceso de pacientes y familiares por el elevado precio del aparcamiento, cobro por agua a los enfermos hospitalizados, menús inapropiados y de baja calidad, etc. La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha presentado una denuncia ante la Comisión Europa por los incumplimiento de la legislación española y europea que regulan los hospitales de Colaboración Público Privada (riesgos de construcción y financiación) que abrirá un proceso de investigación de un año.

 

CASTILLA Y LEÓN

 

El  Nuevo Hospital Universitario de Burgos, fue adjudicado a la Concesionaria Eficanza integrada por compañías bancarias y empresas constructoras  cuyo  mayor accionista  es la empresa Urbanizaciones Burgalesas, adjudicataria también del proyecto de construcción del bulevar del barrio de Gamonal paralizado hace un año por la movilización ciudadana. El coste de la obra previsto en 243 millones de euros se incrementó  a 529 millones en 2012 (el doble de lo inicialmente estimado). Como por contrato fija un  canon de 38 millones anuales durante 30 años, el hospital costará finalmente 1.140 millones. El aumento de los gastos inicialmente previstos puede suponer que acabe costando  2.000 millones €). La cusa de este desastre económico tiene mucho ver con que la supervisión de la obra se adjudicara a una sociedad privada. Pese a ello se han reducido camas hospitalarias (de 934 a  861) y más de 100 trabajadores, lo que supone  que el nuevo hospital no solucionará las necesidades sanitarias del área que tienen la lista de espera más elevada de toda Castilla y León. Las denuncias de la Plataforma han obligado al Ministerio de Economía y a la Comisión Europea a abrir una investigación sobre posibles irregularidades en la financiación del centro.

 

CANTABRIA

 

El anterior gobierno popular recurrió a colaboración privada para terminar la obra de remodelación del Hospital Valdecilla. El nuevo presidente de la Comunidad Autónoma (Miguel Angel Revilla)  denunció  durante la campaña electoral la «privatización encubierta» del centro y tras ganar las elecciones ha anunciado la apertura de un proceso de investigación para revertir el centro a la gestión pública.

 

 

Entre las consecuencias negativas del desarrollo de este modelo podríamos destacar:

 

  • Otorga un gran poder a las empresas privadas para condicionar las decisiones y la planificación del sistema sanitario público, ya que van a ser insustituibles a largo plazo en la provisión de servicios sanitarios.
  • Convierte el gasto fijo en gasto variable lo que afecta al resto de los servicios, que ven reducida de manera importante su participación en el mismo y probablemente sufrirán recortes y limitada su capacidad de inversión (atención primaria, pago a proveedores, aprovisionamiento, personal sanitario, urgencias, atención a crónicos, etc.).
  • Pone en peligro la confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes, que están en manos de empresas privadas ajenas al sector sanitario que pueden comerciar con los mismos.
  • Las reducciones de camas, plantillas y  espacios y la baja calidad de los materiales reducen la calidad de la asistencia a la población atendida por estos centros.
  • Los hospitales públicos tienen que compartir sus gastos con estos hospitales y reciben además a los pacientes expulsados por estos centros (selección de riesgos) como ha ocurrido con los hospitales PFI del Reino Unido o las Fundaciones Sanitarias de gestión privada en España.
  • Existe enfrentamientos y descoordinación entre la parte asistencial (en manos públicas y orientada a satisfacer las necesidades de los pacientes) y el resto de los servicios de los hospitales en manos privadas con orientación a conseguir el mayor beneficio posible, lo que está suponiendo una mayor dificultad para la gestión integral e integrada de los hospitales.
  • Los fondos de inversión de capital riesgo, las multinacionales sanitarias, constructoras y  los bancos gracias a esta iniciativa pueden a corto plazo hacerse con el control de los nuevos hospitales y a largo plazo con todo el sistema sanitario público

 

La PFI supone la privatización de una parte esencial del sistema sanitario público, como muestra el Reino Unido, en el que una gran parte de la financiación del NHS está ya en manos de los accionistas del sector privado (situación que aumenta año tras año).

 

Además, una vez finalizada la construcción de los hospitales PFI, prácticamente no existe

riesgo financiero para las empresas, y éstos pasan a convertirse en un torrente enorme de beneficios económicos. La experiencia acumulada demuestra la falsedad de que existe una “transferencia de riesgo” a las empresas privadas concesionarias de los centros, que es el argumento fundamental esgrimido por los promotores de estas formas de gestión basadas en el mercado y la competencia, ya que el sector público corre siempre con los gastos de reflotar a un hospital en quiebra antes de dejar sin asistencia hospitalaria a una parte importante de la población.

 

Otros graves problemas

 

  • Las Concesiones de Obras y las PFI incrementan en gran manera los costes de construcción y gestión en comparación con los hospitales tradicionales del sistema público tradicional. Estos centros están hipotecando los presupuestos de inversión e incrementando el  gasto de corriente del sistema sanitario público por muchos años, lo que supone trasladar a las generaciones futuras el pago de los actuales centros.

 

  • Los mayores costes y el afán de lucro de las empresas constructoras han reducido la  calidad de las infraestructuras y recortado las camas, personal y asistencia sanitaria respecto de los hospitales de gestión pública.

 

  • Las condiciones laborales del personal de las empresas son inferiores y más precarias que las del sector público (lo que genera malestar, desmotivación y provisionalidad).

 

  • La privatización de la gestión deteriora la calidad asistencial y el sistema de información sanitaria

 

  • La planificación de estos centros no está al servicio de las necesidades de los ciudadanos sino de los intereses de las empresas y de sus accionistas.

 

  • Gracias a esta fórmula los fondos de inversión, las multinacionales y las empresas constructoras se están adueñando de los nuevos hospitales del Sistema Nacional de Salud

 

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Febrero de 2016

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