Intervienen el hospital de Mataró y suspenden su autonomía

Los resultados de la «autonomia de gestion: intervienen el hospital de Mataró y suspenden su autonomía

 

Publicado en CAS Madrid

 

 

 

La “autonomía de gestión” sanitaria, junto con la “gestión clínica”, son las panaceas que desde la Administración y ciertos sectores médicos, nos llevan vendiendo desde hace años para solucionar los problemas estructurales de la sanidad. Curiosamente todos los partidos políticos las defienden (unos las aplican, otros asienten en silencio). Desde su punto de vista reduccionista todos los problemas del SNS provienen de una excesiva rigidez para contratar, despedir, concertar, externalizar, comprar, enajenar, etc., por ello necesitan saltarse los escasos mecanismos de control que el derecho Administrativo tiene.

En esa línea funcionan la mayoría de los centros sanitarios de Catalunya, “consorcios” gestionados por consejos de administración en los que confluyen desde los partidos políticos, a los delegados de la Generalitat, los ayuntamientos, y todo tipo de entidades privadas “sin ánimo de lucro”, y que son noticia habitualmente debido a las corruptelas, denuncias, quiebras, escándalos, y hasta detenciones por parte de la Guardia Civil (como fue la detención del ex presidente del Institut Català de la Salut (ICS) Josep Prat y del ex director del CatSalut Carles Munté en 2013). En esta semana, la Generalitat ha intervenido el Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM) por irregularidades financieras, exactamente lo mismo que tuvo que intervenir en 2012 al hospital de Sant Pau.

La Generalitat ha intervenido el Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM), la empresa pública que gestiona el hospital de Mataró, entre otros centros. Esta intervención implica la suspensión del régimen especial de autonomía de gestión del que gozaba, al igual que el resto de consorcios sanitarios públicos, el CSdM. El régimen especial exime a los centros de aplicar las medidas que afectan a entidades del sector público de la Generalitat (como la retirada de la paga extra a los funcionarios). En este caso, la intervención no comporta la caída de la cúpula directiva del centro ni el desembarco de una comisión gestora para hacerse cargo del consorcio. La Generalitat ha tomado la medida tras detectar un déficit de unos dos millones de euros en las cuentas del ejercicio de 2014.

El consorcio, que tiene un presupuesto de 105 millones de euros al año y da asistencia sanitaria a unas 265.000 personas de la comarca del Maresme, no ha podido capear el colapso financiero que arrastra desde hace unos años. La entidad lleva desde finales de 2014 preparando un plan de reequilibrio para evitar la intervención económica.

El régimen especial de autonomía de gestión estaba sujeto a un estricto cumplimiento presupuestario, que exigía cerrar el ejercicio anual con déficit cero. En un avance del cierre de 2014 que el CSdM entregó a la Comisión Interdepartamental para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario de Cataluña, encargada de capitanear el protocolo a seguir cuando un centro concertado hace déficit, la empresa pública presentó una previsión de desvío de 2,1 millones.

Fuentes consultadas por EL PAÍS aseguran que “no se espera el desembarco que sucedió en el hospital Sant Pau” —la intervención de la Generalitat supuso la destitución inmediata del director y la entrada de una comisión de técnicos del Gobierno para gestionar el centro—. Sin embargo, reconocen, “aún no se sabe muy bien qué significará esto”.
“Pérdida de privilegios”

Fuentes del Gobierno catalán señalan que “perderán algunos privilegios que tienen los centros con autonomía de gestión sobre cómo aplicar las medidas que la Generalitat ejecuta sobre todas sus entidades”, pero matizan que “el equipo de gestión y de gobierno serán los mismos”.

En una carta enviada el pasado diciembre por el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa, a los gerentes de la red concertada, se desmenuzaban las consecuencias de disponer o no del régimen especial. Sin autonomía de gestión, sólo se pagarán, como máximo, el 25% de las retribuciones variables vinculadas a objetivos y desaparece el pago de complementos de productividad.

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